Los distintos organismos estatales deberían reservar no menos del 2% de su planta para las contrataciones.

La iniciativa –Expte. N° 6827-D-2022– impulsada por el diputado Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos, La Pampa) busca “promover el acceso al empleo de personas que han sido privadas de su libertad, cumplimentando así el deber y la obligación que ha asumido el Estado Argentino ante la comunidad internacional, mediante la incorporación al derecho positivo interno de diversos tratados internacionales sobre Derechos Humanos.”

Asimismo, el proyecto establece que los pliegos de licitación o concurso para la adjudicación a personas físicas
o jurídicas deberán incluir obligatoriamente la reserva de ese cupo.

Podrían beneficiarse con esta ley quienes:
a) Hayan cumplido pena privativa de la libertad;
b) Hayan sido liberada/os condicionalmente;
c) Hayan sido condenada/os y se encuentren en condiciones de semilibertad o le sean aplicables alguno de los mecanismos de egreso anticipado;
d) encontrándose procesada/os hayan cursado por lo menos un año de prisión preventiva y hayan sido excarcelada/os.

Según el autor “esta medida positiva, de integración, que se intenta implementar, encuentra como fin la reinserción social de la persona, sustentándose en el mandato por parte del Estado de proteger a los colectivos más vulnerables o marginados de la sociedad en base a los principios de igualdad y no discriminación respetando así, la dignidad e integridad de las personas.”

El proyecto fue girado a las comisiones de Legislación del trabajo; de Obras Públicas; y de Legislación Penal.